El 23 de noviembre de 2009, un convoy que se dirigía a Maguindanao (Filipinas) para asistir a la inscripción de una candidatura en unas elecciones provinciales fue retenido por unos cien hombres armados que asesinaron a por lo menos 64 personas, entre ellos 34 periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
Para conmemorar la ‘Masacre de Maguindanao’, pero en especial para llamar la atención acerca de la impunidad en casos de asesinatos de periodistas, las organizaciones que luchan por la libertad de expresión en el mundo están convocando este 23 de noviembre a una jornada de reflexión sobre el problema.Lo vienen haciendo a través de una campaña que cada día suma más voces de instituciones y personas por la gravedad que ya tiene en países como México (por el narcotráfico), las naciones en guerra en el Medio Oriente, Centroamérica y África.
En Colombia, aun cuando ha disminuido el número de asesinatos de periodistas en razón del oficio, que llegó a tener un promedio de uno por mes hace diez años, sigue todavía entre los países más peligrosos de América con la salvedad de que la autocensura puede estar entre las causas más comunes de la baja en las agresiones graves.
Otro factor es que existe en nuestro país un programa especial de protección por parte del Estado y una eficiente abogacía por los derechos de los periodistas desde la sociedad civil y los medios de comunicación después de un doloroso costo en vidas heroicas.
Los mexicanos están pidiendo en su país que se replique la experiencia de protección colombiana y en ello están siendo asesorados por la Fundación para la Libertad de Prensa y otras entidades colombianas.
El hecho es que más de 500 periodistas han sido asesinados en los últimos diez años en el mundo, uno de cada cuatro en cubrimiento de guerras internacionales o conflictos internos, y solo en uno de cada diez se aclaran totalmente los motivos y hay condenas. En dos terceras partes de los casos no se conocen los asesinos y tal vez nunca se sepa.
El argumento universal para luchar contra la impunidad en estos casos es que, si no cambia la situación, las agresiones y amenazas crecerán y pierde toda la sociedad porque la libertad de expresión es consustancial con la democracia y el orden justo.
La autocensura no puede llegar a ser el motivo para la reducción de agresiones porque lo que necesita la sociedad es un periodismo activo y vigoroso en la defensa y protección del bien común.
“Cada vez que un periodista es expuesto a la violencia, intimidación o detención arbitraria debido a su compromiso con la búsqueda de la verdad a todos los ciudadanos se les restringe su derecho a expresarse y actuar según su conciencia. Debemos declarar una guerra contra la impunidad”, dijo el director de la Unesco, Koichiro Matsuura, el 3 de mayo de 2003 para conmemorar esa vez el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La guerra universal contra la impunidad frente a los asesinatos de periodistas ha sido entonces declarada por la sociedad civil universal y por muchos estados, entre ellos Colombia, aquí a través de la Fiscalía General de la Nación, que creó hace dos años una unidad especial para esclarecer totalmente crímenes emblemáticos como los de Jaime Garzón, Guillermo Cano, Orlando Sierra, Jorge Enrique Pulido, Carlos Lajud, entre otros.
Asesinar periodistas en Colombia constituye agravante desde cuando el universo alarmado le puso atención especial. Sin embargo, están cumpliéndose los términos legales para el archivo definitivo de los expedientes, como el caso del asesinato de Rodrigo Ahumada Badó ocurrido el 8 de octubre de 1991, y la impunidad sigue vigente. En el caso de Lajud, que nos sacudió el 19 de abril de 1993, está sin decidir judicialmente autores materiales y determinadores y va raudo hacia la impunidad.
Es deber del Estado y la sociedad definir entre sus objetivos que no haya impunidad en ningún crimen para crear cultura del respeto y del derecho pero, dado que este objetivo es materialmente imposible, priorizar víctimas en razón del papel que cumplen en la sociedad contribuye a sentar las bases firmes de esa sociedad.

Por eso se agravan penas y se toman otras medidas en razón de las calidades de las víctimas. Es el caso de los periodistas. Por todo esto se justifica esta campaña universal contra la impunidad a los asesinos de periodistas. La ciudadanía debe comprendernos y acompañarnos. Es por su bien.
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