Eric H. Holder Jr. era, antes de Obama, uno de los pocos afroamericanos que lograron tener brillo propio en el cerrado círculo de los ‘anglos’ de Washington que gobernaban, alternadamente, la Federación Norteamericana. Nacido el 21 de enero de 1951 en el Bronx, estudió en escuelas públicas de Nueva York y gradó de Leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Trabajó durante 12 años en el Departamento de Justicia, Juez de la Corte de Washington postulado por Ronald Reagan, Fiscal General Adjunto en la era Clinton, es quizá el autentico afroamericano pobre del este, de ancestros del Caribe angloparlante (Barbados) que se levantó, desde las barriadas de El Bronx neoyorquino hasta el estrellato, a puro pulso, admirado por demócratas y republicanos. Otra prueba, mayor que Barack, del ‘sueño americano’.
En la “era de la responsabilidad” se le adjudica, nada menos, que el diseño del magnífico trío de ‘decretos’ que cerraron Guantánamo, las prisiones de la CIA, y reiteraron la prohibición de la tortura. Es un hombre muy cercano al Presidente, como todos los secretarios de Justicia (Fiscalía) desde Robert Kennedy hasta el olvidado de Bush porque allá sí existen ‘políticas judiciales’ que enfatizan —para la muestra están la lucha contra las mafias cuando John Kennedy, y contra el ‘terrorismo’ con Bush Jr.— las prioridades del periodo en un sistema de ‘checks and balances’ que garantiza la independencia de la Rama Judicial e, incluso, de los organismos de investigación.
Holder estará a cargo de un tema que cruza diagonalmente todo el Gobierno Federal: la garantía, interna y externa, del respeto a los derechos civiles (los valores) y la conciencia de las obligaciones (responsabilidades), el ‘precio de la ciudadanía’, como ejes del ‘nuevo trato’ que están proponiendo al mundo adentro y afuera, como dispone el Alien Tort Claims Act (Ley de agravios a extranjeros), una vieja norma promulgada a finales del Siglo XVIII, en los tiempos fundacionales de la Federación.
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Y este tema compromete casi todos los componentes del nuevo gobierno: el rescate de la economía a cargo del Presidente (garantías laborales), la política exterior (énfasis en las libertades y los valores, Hillary Clinton), el pentágono (cómo enfrentar la dualidad fuerza-valores, republicanos), el comercio (inevitablemente se cerrarán mercados a quienes ‘no abran el puño’; abrirán a las democracias decentes) y los servicios internos. Dado el quiebre histórico planteado por los nuevos líderes, este puede ser, si Colombia es inteligente, el tema más importante de la agenda pública interna y externa de los próximos años en los Estados Unidos de America.
Pero Holder - Obama tendrán, después del cierre de Guantánamo, una prueba de fuego sobre su voluntad política para aplicar los valores pregonados al apoyar la sanción de las conductas impropias de sus propios ciudadanos y compañías, y reparar los daños por ellas causados en otros países. Uno de esos casos tendrá lugar en el Caribe colombiano, hasta donde deberá asomarse el propio núcleo moral de la “era de la responsabilidad”.
Eric Holder representó en 2007 a la compañía bananera Chiquita Brands en el arreglo con el Departamento de Justicia (hoy a cargo de Holder) y la Secretaría del Tesoro, mediante el cual los directivos de aquella pagaron una multa de US$ 20 millones para evitar ir a prisión como resultado de su participación comprobada en el financiamiento de las guerrillas colombianas (ELN, EPL, Farc) desde 1989 hasta 1997, cuando comenzaron a pagar a las ACCU y las AUC (1997-2003).
Sobre estas últimas existe evidencia documental, testimonial y confesiones de directivos que reconocen haber pagado US$ 1.7 millones por ‘protección’1 (3 centavos de dólar por caja exportada), luego de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas (Specially Designated Global Terrorists) el día 31 de octubre de 2001, cuando la Secretaria de Estado2 clasificó así a estas organizaciones, constituyendo un crimen el hecho de que cualquier persona estadounidense intencionadamente participara en transacciones con ellas.
En similares circunstancias se encuentran, entre otras, Dole (US$ 70 mil mensuales por hectárea cultivada), Del Monte, Drummond, Coca Cola, todas ellas con casas matrices, agencias y directivos estadounidenses, quienes enfrentan demandas en varias Cortes estatales. Las pruebas validadas por las agencias de justicia (bajo la Dirección del Fiscal General) son tan irrefutables que incluyen detalles de libros contables, soportes de comunicaciones internas, correos electrónicos, e incluso confesiones de los ‘señores de la guerra’, presos aquí3 y allá.
Es probable que el fino olfato jurídico y político de Eric Holder Jr. le permitiera recomendar a su cliente avenirse a pagar una multa, antes que enfrentar un caso penal que llevaría a sus directivos a la cárcel y su patrimonio a la ruina4. Pero es precisamente ese olfato el que deberá indicarle guardar la mayor distancia posible de Chiquita y otros casos similares ante el curso de las reclamaciones penales y civiles que cursan ante las Cortes de Florida, Washington, New Jersey y Ohio, pues los activistas de derechos civiles, grupos sindicales y organizaciones de víctimas colombianas han logrado demostrar que el apoyo otorgado a las guerrillas entre 1989 y 1997 les permitió a estas expandir su control a otras regiones del Caribe colombiano (Montes de María, La Guajira, Bajo Magdalena, Sierra Nevada, Bananeras del Magdalena), al igual que los paramilitares (la financiación bananera fue ‘sustancial’ para la expansión de las estructuras de violencia de las ACCU desde 1997 y la formación del ‘Bloque Norte’ de las AUC en 2001).
En tal sentido, los directivos de las compañías son civil y penalmente responsables de los daños (‘claims’) infringidos a colombianos, no solo en relación directa con sus negocios, sino con todo el holocausto humanitario causado por estas ‘máquinas de guerra’5 para suprimir la vida, violar las garantías civiles, desplazar personas, despojar de propiedades, arruinar negocios y, en general, devastar regiones enteras para proteger, entre otras, las operaciones comerciales de compañías estadounidenses que, en el caso de Chiquita, alcanzaban 2.6 billones de dólares en ingresos durante el año 2003.
“Todo no puede quedar en una multa”, afirman. Y están reclamando acciones de responsabilidad que incluyen la prisión de algunos de los viejos clientes de Eric Holder Jr., de los directivos de las otras compañías, reparaciones pecuniarias para las víctimas conforme los estándares civiles aplicados a los daños a estadounidenses, protección de testigos para casos de crímenes contra la humanidad, visas especiales de ingreso, preferencias comerciales para empresas y productos de víctimas, becas para universidades y tecnológicos. |
Una especie de ‘Plan Marshall criollo’ para la reconstrucción social de las regiones que fueron desvastadas por las ‘máquinas de guerra’ financiadas por compañías norteamericanas, bajo la mirada indiferente del Gobierno y la Embajada, quienes siempre “lo saben todo”. Como en las bananeras del 28.
Los colombianos estamos de espaldas a este proceso. Ni el Gobierno colombiano ni las autoridades de los departamentos del Caribe —en pomposos reclamos de autonomía regional— han realizado ninguna acción para apoyar este esfuerzo de activistas civiles de ambas naciones que, dado los vientos que soplan, parecen ser la única forma de introducir el tema de la catástrofe humanitaria colombiana en uno de los primeros lugares de las agendas interna y externa del nuevo Gobierno Norteamericano, uno de los reclamos más reiterados de los poderosos sindicatos y activistas de derechos civiles de la Federación.
Por su parte, las entidades públicas colombianas ven a las víctimas como una incómoda carga que es necesario soportar; las fuerzas militares, de policía o las agencias de seguridad públicas no tienen esquemas de protección para los activistas, el empresariado colombiano no se ha percatado de que, luego de la ‘Lista Clinton’ por lavado de activos de narcotráfico, vendrá la ‘Lista Obama’ por transacciones con las ‘Organizaciones terroristas globales especialmente designadas’, exigencia de estándares humanitarios en materia laboral y ambiental que terminarán cerrando el mercado y suprimiendo la visa a empresas y personas que estén en contravía de los derechos civiles.
Incluso nuestra inquieta prensa nacional ha silenciado, desde el 20 de enero, las referencias a Chiquita en la hoja de vida de Eric Holder Jr. Y, los sindicatos, repitiendo las ancestrales letanías “contra el imperialismo norteamericano” sin descubrir que podrían encontrar en el “nuevo imperialismo humanitario” el mejor aliado estratégico para sus reclamos. Lo peor: alguno de los miembros de la encumbrada ‘Comisión Nacional de Reparación’ ni siquiera sabían en diciembre pasado que estas iniciativas estaban surtiéndose en varias Cortes federales. Y los gobiernos de Magdalena, Cesar y La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, incluso Atlántico, departamentos devastados por las ‘maquinas de guerra’, ¿qué hacen para apoyar la lucha ante las Cortes federales?
La nueva Administración de Washington está dando pasos en el sentido correcto, pero quedan algunas preguntas en el tintero. El valiente arquitecto del cierre de Guantánamo, ¿preferirá defender la codicia de sus antiguos clientes o un espacio en la historia para él y su amigo, el Presidente? ¿La libertad y el patrimonio de directivos y accionistas o la aplicación en el mundo de los valores y principios que han proclamado defender los Estados Unidos? ¿La manifestación del 20 de enero en la explanada del Capitolio o las transacciones por debajo de la mesa? Ahí, realmente, será la prueba de fuego de la Era Obama.
Y de nuestro propio sentido de dignidad como país, como región. Sería muy lamentable e indigno que las confesiones de los jefes ‘paras’ terminaran siendo el único aporte colombiano —luego de activistas y las propias víctimas —a la sanción de las compañías y la reparación de los dañados. ¿Qué estamos haciendo para defender nuestra propia gente?
REFERENCIAS
1 Acta de Acuerdo ante la Corte del Distrito de Columbia por Jonathan M Malis, Dense Cheung, Jeffrey A Taylor, Stephan Ponticielo, demandantes. Fernando Aguirre, demandado, presidente de la Junta Directiva, Presidente y director Ejecutivo de “Chiquita Brands Internacional, Inc”. Erich H. Holder Jr, abogado para Chiquita. Marzo 12 y 13 de 2007. Radicado criminal 07-055 en la Corte estadounidense para el Distrito de Columbia. Caso “Estados Unidos de América VS Chiquita Brands Internacional, Inc”.
2 Decreto Ejecutivo 13224.
3 Mancuso, ‘HH’, ‘Carlos Tijeras’, ‘Jorge 40’, ‘El Alemán’.
4 Orozco Tascón, Cecilia. Paul Wolf, abogado activista de derechos civiles afirma –en el caso de Chiquita– que existen cerca de 20.000 reclamantes, que ese número se puede multiplicar cinco o diez veces, que cada compensación por daños cuesta normalmente millones de dólares, por lo que Chiquita no tendría con qué pagar. Domingo 15 de junio de 2008. Págs. 20 y 21. Especial Cecilia Orozco Tascón.
5 Collingsworth, Terrence, abogado activista de derechos civiles desarrolla un interesante argumento sobre la aplicación de estándares humanitarios en el comercio internacional. “Using the Alien Tort Claims Act to Introduce The Rule of Law to the Global Economy”, By Terry Collingsworth, Executive Director International Labor Rights Fund. Washington, D.C. 2005.
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Una docena de reclamos, demandas y actuaciones judiciales cursan ante las Cortes federales relacionadas con el Holocausto Humanitario causado en el Caribe colombiano por las ‘maquinas de guerra’ financiadas con fondos provenientes de compañías norteamericanas. Entre ellas se destacan siete.
—Distrito de Columbia, Nueva York, New Jersey. (Corte Federal para el Distrito de Columbia, presentada por Terrence Collingsworth, director del Fondo Internacional de Derechos Laborales, a nombre de 144 víctimas y sus familiares.
Reclamación: US$ 1.000 millones. Corte Federal para Manhattan, presentada por el abogado Jonathan Reiter. 393 víctimas y sus familiares. Reclamación: US$ 7.860 millones. Corte Federal para Newark. “Colombian Institute of International Law”, “Earth Right Internacional y dos prestigiosos bufetes de abogados).
Todas en proceso contra Chiquita Brands International Inc. Buscan reparación individual y social para los colombianos del mismo nivel de las decretadas a las víctimas norteamericanas, alrededor de US$ 10 millones en casos de homicidio. Existe evidencia suficiente, confesada por la misma compañía en el Acuerdo ante la Corte Federal del Distrito de Colombia, en el cual los representó Eric Holder en 2007.
—Florida. (Corte Federal para el Distrito Sur de Florida) En proceso. Presentada a nombre de los familiares de los misioneros norteamericanos Mark Rich, David Mankins, Richard Lee Teneoff, Stephen Welsh, Timothy Van Dyke, de la Misión Nuevas Tribus, quienes fueron secuestrados y asesinados por las Farc en la década del 90 al sur de país, mientras Chiquita pagaba a esta organización los ‘impuestos de guerra’. Reclamación: US$780 millones. En el mismo Acuerdo de la Corte de Columbia, los directivos reconocen haber pagado sumas a las FARC, el ELN y el EPL entre 1989 y 1997.
—Nueva York. (Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Juez Richard Berman. Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, CA. En proceso. Presentada a nombre de familiares de víctimas colombianas de las estructuras de ‘Don Berna’ en las Comunas de Medellín.
—Sin determinar. Terrence Collingsworth. Fondo Internacional de Derechos Laborales. Para ser presentada. Contra Dole, por las mismas razones de la imputación a Chiquita, a nombre de 250 víctimas de las AUC, fundamentalmente del Departamento del Magdalena. Terrence Collinswhort y los activistas del Internacional Labour Found la presentarán en las primeras semanas de la Cuaresma.
— Distrito de Columbia. Numero Criminal 07-55. Estados Unidos de America contra “Chiquita Brands International, Inc”. Concluyó con la confesión de los directivos y el pago diferido de una multa de US$ 20 millones para evitar ir a prisión. Es la ‘prueba reina’ contra las compañías. Todas han negado responsabilidad en el apoyo a las ‘máquinas de guerra’ argumentando que fueron obligados para proteger sus empleados.
Los procesos de colombianos y norteamericanos terminarán, dada la oposición de las compañías, ante la Suprema Corte, que deberá unificar la jurisprudencia consuetudinaria de las Cortes Federales. El Fiscal General de los EU, quien terminara siendo nominado al Alto Tribunal para consolidar la Era Obama en el poder judicial, o sucederá a este en el poder ejecutivo en 2019, tiene en este tema la medida de su coraje.
Por Víctor Manuel Caballero Villa (QEPD)
Víctor Manuel Caballero Villa, el popular 'Guataco', falleció ayer a las seis de la tarde dejando un gran vacío en su familia y en todo el sector político de la región. 'Guataco', quien contaba con 58 años de edad, era sin dudas un hombre muy versátil con la pluma, hasta el punto que la mayoría de los gobernantes y políticos de turno, lo buscaban para que hiciera parte de su equipo de trabajo como asesor. Muchos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas siempre lo buscaban para que fuese el creador de discursos e iniciativas para ser presentadas a las diferentes corporaciones. Víctor Caballero, quien luchó por varios años con la enfermedad que lo aquejaba, incidió mucho en el sector político del Distrito y el departamento. Participó como transcriptor de la constituyente del 91 y de la Ley de Distrito impulsado por el entonces senador Luis Vives Lacouture. Trabajó al lado de dirigentes políticos como Edgardo Vives Campo, Alfonso Vives Campo, Sarita Valencia Abdala, Trino Luna Correa, y Jaime Solano, entre otros. Fue un hombre soñador como lo calificaron sus amigos. Desde el Colegio San Luis Beltrán y Liceo Celedón donde realizó sus estudios de secundaria, demostró sus cualidades al momento de escribir, destacándose por su gran facilidad para desarrollar muchos escritos, casi todos inclinados hacia la política. Víctor Caballero Villa, hijo de Víctor Caballero con Clara Villa, ambos fallecidos, estudió Ciencias de la Educación en la Universidad del Atlántico y posteriormente se graduó como abogado en la Universidad Nacional de Bogotá. La familia Vives Campo y la directiva del periódico EL INFORMADOR, se unen a los sentimientos de pesar y condolencias que reciben ahora sus hermanos Pedro Caballero Villa, Evelin Rash de Caballero e hijos; Álvaro Lizcano y Lilian Caballero de Lizcano e hijos; Alfredo Caballero y Sonia Bastidas de Caballero e hijos; Johen Knie y Carmen Caballero de Knie e hijos y Beatriz Caballero Villa, quienes disfrutaron de esta excelente persona, con quien pasaron sus momentos inolvidables que ahora su mayor consuelo y herencia de su querido hermano Víctor Caballero Villa, quien ahora descansa en la paz del Señor como toda persona justa, correcta y creyente que fue en vida. Su velación se cumple en la Funeraria Americana, a las tres y media de la tarde se llevará a cabo la misa en el Seminario San José y sus honras fúnebres se efectuarán en Jardines de Paz donde familiares, amigos y dirigencia política le darán el último adiós. Paz en su tumba. |
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